La controversia en torno al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, ha escalado a los tribunales. Una coalición de fiscales generales de 14 estados de EE. UU., en su mayoría demócratas, presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump, alegando que Musk ha sobrepasado su autoridad y causado una disrupción sin precedentes en la administración pública.
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Acusaciones contra Musk y el DOGE
Los fiscales generales de Arizona, California, Míchigan, Minesota, Nevada, Vermont, Washington y otros estados sostienen que Musk ha ejercido un poder desmesurado sobre sistemas gubernamentales esenciales, con consecuencias negativas para los estados y ciudadanos. Entre las principales acusaciones, la demanda señala que Musk ha:
- Desmantelado agencias federales, debilitando su funcionamiento.
- Accedido a datos confidenciales, lo que pone en riesgo la seguridad nacional.
- Provocado perturbaciones en gobiernos estatales y locales, afectando la aplicación de políticas públicas esenciales.
- Alterado el manejo de miles de millones de dólares en fondos federales, afectando sectores clave como la educación, la atención médica y la seguridad pública.
El fiscal general de California, Rob Bonta, advirtió que estas acciones “perjudican directamente a los estados”, al interferir con la distribución de recursos y la gestión de servicios esenciales.
El peligro de la concentración de poder
Para los demandantes, la figura de Musk en el gobierno de Trump representa una amenaza directa a la democracia. Argumentan que otorgar tanto poder a un solo individuo no electo pone en peligro la estabilidad institucional y la separación de poderes.
Desde su regreso al poder, Trump ha convertido el DOGE en un instrumento para la reducción del gasto público y la reestructuración del Ejecutivo federal. En solo tres semanas, el departamento dirigido por Musk ha cancelado contratos por más de 1.000 millones de dólares, incluyendo programas de diversidad, inclusión y equidad, lo que ha generado críticas de legisladores y defensores de derechos civiles.
La orden ejecutiva que desató la controversia
El conflicto se intensificó luego de que Trump firmara una orden ejecutiva instruyendo a las agencias federales a colaborar estrechamente con el DOGE. Esta medida no solo amplía significativamente el poder de Musk dentro de la administración, sino que también establece un plan para reducir la plantilla del gobierno federal, aumentando la incertidumbre sobre el futuro de numerosos programas y empleos públicos.
La demanda presentada por los fiscales busca frenar esta acumulación de poder y restaurar los controles constitucionales sobre el gobierno federal. Mientras tanto, la Casa Blanca y el propio Musk han minimizado las acusaciones, asegurando que el DOGE solo busca mejorar la eficiencia del gobierno y eliminar gastos innecesarios.
A medida que avanza el caso en los tribunales, el país sigue dividido entre quienes ven en Musk una figura de modernización gubernamental y quienes consideran que su influencia en la administración de Trump es un peligroso experimento con la democracia estadounidense.