En la Ciudad de México, organizaciones defensoras de los derechos infantiles como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y El Poder del Consumidor han emitido una alerta crítica: el 98% de las escuelas en el país ofrecen a los estudiantes menores de edad alimentos no saludables, conocidos popularmente como “comida chatarra”.
Ante esta situación, han solicitado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que establezca nuevas normativas que prohíban la venta de estos productos en los centros educativos, una medida respaldada por una modificación reciente en la Ley General de Educación.
Estas organizaciones, que han supervisado la venta de alimentos en las instituciones educativas durante la última década, señalan que esta petición es una respuesta necesaria frente a las alarmantes tasas de diabetes, sobrepeso y obesidad que afectan a la población infantil del país.
En un informe presentado en conmemoración del Día Internacional de la Niñez, revelan que aproximadamente uno de cada cuatro niños y adolescentes en México vive con sobrepeso u obesidad, y la mitad de ellos podrían desarrollar diabetes en el futuro.
El costo de tratar estas enfermedades es considerable, obligando al Estado a destinar anualmente unos 650 millones de pesos. Además, se estima que los niños afectados por estas condiciones podrían tener una esperanza de vida hasta cuatro años menor que la de sus padres, enfrentándose a una vida marcada por enfermedades crónicas desde una edad temprana.
Un estudio conjunto entre Redim y El Poder del Consumidor encontró que los niños en las escuelas consumen diariamente alrededor de 550 calorías solo de productos poco saludables, lo cual podría contribuir a un aumento de hasta siete kilos al año. Este consumo excesivo está vinculado con diversas complicaciones de salud, como problemas gastrointestinales, ortopédicos, apnea del sueño, así como enfermedades cardiovasculares y diabetes desde temprana edad.
El informe “Mi escuela Saludable” también destaca que, a pesar de las regulaciones existentes que exigen la venta de alimentos saludables en las escuelas, la mayoría de los centros educativos no cumplen con estas normas.
De las más de 9,000 escuelas analizadas, solo un 19% ofrece frutas, verduras y agua potable a los estudiantes, y únicamente el 4% tiene comités activos que supervisan la aplicación de la ley.
Frente a esta crítica situación, expertos y defensores de los derechos infantiles están presionando para que se implementen y monitoreen efectivamente las nuevas regulaciones, con sanciones adecuadas en caso de incumplimiento. Estas acciones son cruciales para garantizar un entorno escolar que promueva la salud y el bienestar de los niños y adolescentes, asegurando así su derecho a una alimentación adecuada y un futuro más saludable.
